US$ 1.386 millones ha pagado el fisco por causas de DD.HH.

Los familiares de los ‘Delincuentes Marxistas’ son millonarios gracias al dinero de TODOS LOS CHILENOS que el desgobierno democratoide les regala.

La semana pasada, el Senado aprobó un proyecto de ley del Gobierno, que obliga al Estado a pagar 1,5 millón de dólares a la familia de Carmelo Soria, como indemnización por el asesinato del funcionario español de la Cepal durante el régimen militar.

El caso de Soria se suma a varios más: Carmen Gloria Quintana recibió $215 millones en 2000, como reparación por las graves quemaduras que sufrió en 1986 en un incidente con una patrulla militar.

A la familia del carpintero Juan Alegría, asesinado en 1982 por la Dine, el Estado le pagó 120 millones de pesos.

La pianista María Paz Santibáñez fue indemnizada con 60 millones de pesos, por ser baleada en la cabeza por un funcionario de Carabineros en una protesta estudiantil.

Los familiares directos de los tres profesionales degollados en 1985 recibieron 50 millones de pesos cada uno.

Los herederos de Orlando Letelier, asesinado con una bomba en Washington por la Dina, fueron indemnizados con 2,5 millones de dólares.

Pero el valor monetario que los chilenos están pagando por los crímenes cometidos por agentes del Estado durante el régimen militar son mayores.A esos montos hay que agregar las distintas leyes que se empezaron a aplicar en 1992 para indemnizar a las víctimas o sus familiares, y que han significado un costo de $720.715.899.000 hasta diciembre de 2006, equivalentes a casi 1.386 millones de dólares. El desglose es el siguiente:

-La ley 19.123, de Reparación (conocida como ley Rettig), estipuló pensiones a los familiares de las víctimas, que entre 1994-2006 llegan a $99.799.067.000. A ese dinero hay que sumar el bono compensatorio por $2.473.455.000 que se entregó por una sola vez en 1992, por el equivalente a la pensión por un año.

-La ley 19.234 estableció beneficios previsionales para los exonerados por motivos políticos. Desde 1995 hasta 2006 ha significado un costo para el erario público de $573.708.439.000.

-Por último, la ley 19.992 sobre Prisión Política y Tortura (conocida como ley Valech), ha implicado el pago de $44.734.938.000 en el período 2005-2006.